En ocasiones, la propia administración está favoreciendo el monopolio en el ámbito de los sistemas operativos y otras aplicaciones informáticas. Por ejemplo: adquiriendo dispositivos (ordenadores, impresoras, etc.) cuyo fabricante sólo proporciona controladores que permiten su uso desde un sistema operativo concreto, y que además, niega a los usuarios cualquier información sobre el funcionamiento del dispositivo que pudiera permitir a éste desarrollar un controlador para otro sistema operativo.

Esta situación debe corregirse, y para ello, es imprescindible que las administraciones exijan que todo el material informático que adquieren proporcione controladores para varios sistemas operativos de distintos fabricantes, e incluso en ese caso, que el proveedor proporcione las especificaciones y protocolos necesarios para desarrollar nuevos controladores.

De esta forma, las administraciones no se verán obligadas a renovar periódicamente sus inversiones en material informático porque el fabricante no incluya soporte para determinados dispositivos en las nuevas versiones de su sistema operativo. También facilitará posibles futuros cambios en el software, ya que éste no estará anclado al hardware.

Cada día más ciudadanos tienen acceso a las llamadas «autopistas de la información» , y utilizan medios telemáticos (Internet) para comunicarse con las administraciones públicas. Para que esta comunicación sea posible, ambas partes deben utilizar un conjunto de protocolos y formatos de intercambio de información. A lo largo de los años, organismos internacionales independientes han definido un conjunto de protocolos y formatos estándares, que son los que han permitido el nacimiento y vertiginosa expansión de Internet y el World Wide Web, y que garantizan la compatibilidad entre fabricantes.

Algunas empresas, para conseguir una posición de ventaja en estas «autopistas» , utilizan formatos y protocolos propios, controlados y utilizados exclusivamente por la empresa, y sometidos a patentes. Algunos ejemplos de estos formatos son el Microsoft Word (ficheros DOC), el Microsoft Excel (ficheros XLS), o el formato de imágenes GIF.

Cuando una administración publica algún tipo de información en estos formatos, está obligando al ciudadano a utilizar una aplicación informática de un fabricante concreto (y habitualmente, en una versión concreta) para poder acceder a la misma. Esta situación provoca:

• Discriminación hacia aquellos usuarios que no usen software de la empresa autora de los formatos o protocolos indicados. Por ejemplo, en el caso de la navegación a través de páginas web de las administraciones públicas. Con fines puramente estéticos, algunas páginas web de instituciones públicas (por ejemplo, la Junta General del Principado de Asturias) utiliza tecnologías no estándar, propietarias, que impiden su consulta desde los navegadores y plataformas para las que el desarrollador de la tecnología no proporciona el software que permite explotarla.

• Como efecto colateral, la administración está beneficiando de manera directa a un fabricante (que habitualmente se encuentra en situación de casi total monopolio), obligando al usuario final a adquirir una aplicación y su licencia. Es decir, la administración es usada como escaparate de venta de tecnología.

• En el caso, que el usuario no pueda permitirse adquirir la licencia de uso de la aplicación, éste optará por adquirir dicho producto de forma ilegal. De esta forma, la administración está, de forma inconsciente, fomentando la piratería informática.

• Además, la información pública puede quedar cautiva del fabricante, si este decide ejecutar los derechos que le conceden sus patentes.

El Consorcio del World Wide Web, del que forma parte Tim Berners-Lee (recientemente galardonado con el Premio Príncipe de Asturias a la Investigación Científica y Técnica en reconocimiento a su paternidad compartida de Internet), se dedica a la estandarización de protocolos y formatos de intercambio de información de una forma independiente del fabricante. Las normas producidas por este organismo son las que deberían cumplir las páginas web de las administraciones, garantizando así el acceso a la información de forma independiente del proveedor de software.

Todo lo anterior enlaza con este punto.

Actualmente, al comprar un dispositivo informático (ordenador de sobremesa, ordenador portátil, ordenador de mano, etc.), el ciudadano se ve obligado a comprar (y pagar) junto con el dispositivo físico, el sistema operativo y las aplicaciones. Esto es así porque la gran mayoría de los vendedores finales (ya sean pequeños negocios, grandes superficies o incluso distribuidores) venden el conjunto hardware y software, y no permiten al comprador la adquisición única y exclusivamente del dispositivo.

El sistema operativo y aplicaciones que el consumidor se ve obligado a adquirir son, por supuesto, productos del fabricante que se encuentra en una situación de monopolio. En el caso de que el ciudadano no tenga intención de emplear este software, se ve obligado a pagar nuevamente por el software que sí desea utilizar, y en la peor de las situaciones, al realizar esta operación, puede perder la garantía que el fabricante del hardware ofrece.

El Software Libre es un bien cultural, tecnológico, promovedor del desarrollo. El acceso al mismo resulta mucho más económico respecto al software propietario, pero sólo para aquellos ciudadanos que disponen de conexiones a Internet de banda ancha, que son una minoría.

Por esa razón, la administración debe facilitar a todos los ciudadanos el acceso al Software Libre, haciéndolo disponible a través, por ejemplo, de las redes de bibliotecas públicas, lo que tendría un coste mínimo (no sería necesario pagar coutas a ninguna sociedad de autores).